El Tribunal considera que la exención establecida en el artículo 20.Uno.23b) de la Ley  37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, tiene su causa en que la finalidad del contrato de arrendamiento deba ser de forma exclusiva servir de vivienda a una concreta persona, de tal manera que  cuando se acredite que no existe un negocio jurídico posterior al contrato de arrendamiento por el que se cede el uso de la vivienda ( porque se concreta la persona física o personas físicas que van a ocupar el inmueble destinado a vivienda) y que por este motivo no puede destinarse a la residencia de otra persona,  debe incluirse la operación dentro de la exención del preceptivo artículo.